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Surgen proyectos que proponen que los celulares sean un servicio público

12/09/2016. La cantidad de líneas en el país supera los 60 millones entre las tres compañías prestadoras de la telefonía móvil.

Argentina
Las compañías prestadoras aseguran que no hay margen para la regulación pública debido a las inversiones que se necesitan para prestar un servicio.
Las compañías prestadoras aseguran que no hay margen para la regulación pública debido a las inversiones que se necesitan para prestar un servicio.

La intención de declarar a la telefonía celular como un servicio público, teniendo al Estado como regulador, es una idea que reaparece frecuentemente y que toma distintas formas de acuerdo al proyecto del que se trate.

Ya en el año 2014 ingresaron iniciativas de esta naturaleza en el Congreso que no lograron prosperar. Los intereses que se generan en torno a un servicio crítico con una enorme cantidad de usuarios y permanentes quejas sobre la calidad en las prestaciones, abre interrogantes sobre las medidas que podrían adoptarse. Las compañías prestadoras aseguran que no hay margen para la regulación pública debido a las inversiones que se necesitan para prestar un servicio que solo en el país cuenta con más de 60 millones de líneas, casi 10 veces más que los usuarios de telefonía fija. Al mismo tiempo y en respuesta a las quejas sobre la calidad del servicio, sostienen que no se trata de falta de inversiones sino de impedimentos legales para avanzar con la ampliación de las redes.

Por el lado de las iniciativas legislativas señalan que siendo un servicio que prácticamente reemplazó la telefonía fija (que sí cuenta con la regulación del Estado), las prestaciones a través de los celulares debería cambiar de categoría, en defensa de los intereses de los consumidores. Estas posiciones encontradas salen a la luz a la hora de atender las quejas de los usuarios. "Al no haber un marco regulatorio no se fijan pautas mínimas de inversión y muchas situaciones llevan al abuso de las empresas por su posición dominante. No es necesario describir estas situaciones que lideran el ranking de los reclamos en las oficinas de defensa del consumidor", explicó el concejal Matías Cánepa que se reunió la semana pasada con Liliana Schwindt, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación.

En el encuentro el edil le presentó un proyecto de resolución elevado con anterioridad en el Concejo capitalino.

Fuente de la Información: El Tribuno


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